El legislador porteño Alejandro Grillo presentó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde precisiones sobre las condiciones de uso, administración y acceso público del nuevo muro de escalada y la palestra instalados en el Parque Olímpico de Villa Soldati. La iniciativa reclama información sobre los criterios utilizados para otorgar la gestión del espacio a una única federación y plantea interrogantes respecto de la participación de otras organizaciones vinculadas a la disciplina.
El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo informe, en un plazo de 30 días, cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos que llevaron a seleccionar a una federación como entidad autorizada para usufructuar la infraestructura deportiva. Además, pide conocer si durante ese proceso se contempló la participación o invitación de otras asociaciones de escalada y andinismo.
Entre los puntos requeridos también figura la existencia de un reglamento que regule el acceso y uso de las instalaciones para el público general no federado. En caso de que dicho instrumento exista, Grillo solicita una copia. Si todavía no fue elaborado, pide que se informen los plazos previstos para su confección y de qué manera se garantizará la participación de los distintos usuarios en su redacción.
Otro de los aspectos que motivan el pedido de informes está vinculado a la posibilidad de que el predio sea utilizado con fines comerciales. En ese sentido, el legislador consulta si se permitirá el dictado de cursos arancelados por parte de institutos de formación, guías de montaña u organizaciones privadas que desarrollan actividades vinculadas a la escalada.
En los fundamentos de la iniciativa, Grillo recuerda que el Gobierno porteño asumió, a través de un convenio firmado en 2024, la responsabilidad del desmantelamiento, traslado y reconstrucción de la histórica palestra ubicada sobre la avenida Lugones y del muro de escalada de Parque Sarmiento. Ambas estructuras fueron reunificadas en un predio de aproximadamente 4.900 metros cuadrados dentro del Parque Olímpico.
Si bien el acuerdo establece que el permiso de uso se otorga con carácter “precario y gratuito”, el legislador advierte sobre la necesidad de garantizar controles y mecanismos de transparencia que eviten una eventual privatización de hecho de un espacio público destinado a la práctica deportiva.
“La exclusividad otorgada a una sola federación deja fuera a otras organizaciones nacionales de andinistas, lo que podría limitar el desarrollo democrático de la disciplina”, sostiene el texto presentado en la Legislatura.
Asimismo, el proyecto menciona antecedentes registrados en instalaciones similares del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde distintos institutos y entidades privadas desarrollan cursos pagos. A partir de esa experiencia, Grillo plantea la necesidad de conocer si existirán mecanismos que permitan la continuidad de actividades de formación impulsadas por otras asociaciones o particulares, en línea con las condiciones establecidas en el convenio vigente.
La iniciativa deberá ser tratada en la Legislatura porteña mientras se espera una respuesta oficial sobre el modelo de gestión previsto para una de las principales infraestructuras de escalada de la Ciudad.
