La Legislatura porteña aprobó un pedido de informes impulsado por los diputados Bárbara Rossen y Alejandro Grillo para que el Gobierno de la Ciudad brinde precisiones sobre los daños edilicios denunciados por vecinos de Núñez en una zona delimitada por la calle Manuela Pedraza, las vías del ex Ferrocarril General Mitre y las avenidas Crisólogo Larralde y del Libertador.
La resolución pone el foco en una problemática que los residentes vienen señalando desde hace varios años: la aparición de fisuras, grietas, hundimientos y otros deterioros en viviendas de baja altura que, según sostienen, podrían estar vinculados con la construcción de torres y edificios de gran porte desarrollados en el área durante las últimas décadas.
En los fundamentos del proyecto se señala que el sector afectado se encuentra en una de las zonas más bajas de la Ciudad, sobre terrenos que históricamente presentaron condiciones de anegamiento y cercanía con el Río de la Plata. Según se detalla, la composición de los suelos, con presencia de arcillas expansibles y dificultades de permeabilidad, sumada a las características de los terrenos ganados al río, genera condiciones geotécnicas complejas para el desarrollo de construcciones de gran escala.
Los legisladores advierten que el crecimiento inmobiliario registrado en la franja comprendida entre la avenida del Libertador y Arribeños, donde se levantaron torres de más de cien metros de altura, podría haber provocado alteraciones en las napas y movimientos diferenciales de suelo. Entre los daños reportados por vecinos se mencionan grietas en paredes, roturas de vidrios, descalce de puertas y ventanas, hundimientos de pisos y separación de estructuras.
A través de la resolución aprobada, la Legislatura solicitó al Poder Ejecutivo que informe, en un plazo de 30 días, si cuenta con estudios de suelo actualizados sobre el polígono en cuestión y que, en caso afirmativo, remita la documentación correspondiente. También pidió conocer si durante los últimos tres años se recibieron denuncias por deterioros estructurales en inmuebles de la zona y cuál fue el tratamiento dado a cada uno de esos reclamos.
Además, los diputados requirieron información sobre la intervención de los organismos técnicos de la Ciudad en los procesos de evaluación y aprobación de proyectos inmobiliarios desarrollados en el área durante los últimos cinco años, particularmente aquellos vinculados a edificios de perímetro libre y gran altura. El objetivo es determinar si existieron estudios o evaluaciones específicas sobre el impacto que estas construcciones podrían haber tenido sobre las condiciones del suelo y sobre las viviendas preexistentes del barrio.
