El futuro del Complejo Penitenciario Federal de Devoto vuelve a instalarse en la agenda de Villa Devoto. Ante el proceso de traslado de las personas detenidas hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz, un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone transformar el predio de casi cinco hectáreas en un parque público y un espacio destinado a preservar la memoria de los hechos ocurridos allí durante la última dictadura cívico-militar.
La iniciativa plantea modificar la zonificación del terreno delimitado por las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Nogoyá y Desaguadero, en la Comuna 11. De acuerdo con la propuesta, el 65% de la superficie se destinaría a Urbanización Parque, mientras que el 35% restante tendría una protección especial como espacio para la memoria y la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la ex cárcel de Devoto.
La propuesta recoge dos reclamos históricos vinculados con el destino del predio: la necesidad de sumar espacios verdes públicos a una zona que presenta un déficit de plazas y parques, y la preservación de las huellas de uno de los lugares que funcionaron como centros de detención de presos y presas políticas durante la última dictadura.
En el primer caso, la creación de un parque permitiría incorporar un nuevo espacio de uso público, gratuito y de libre acceso, con posibilidades de recreación y encuentro para quienes viven en Villa Devoto y los barrios cercanos. El proyecto busca, además, que la transformación del terreno respete las características residenciales del entorno y evite nuevas construcciones que alteren el paisaje urbano de baja altura que caracteriza a buena parte de la zona.
La otra parte de la propuesta apunta a conservar el valor histórico del antiguo establecimiento penitenciario. El proyecto reconoce que allí estuvieron detenidas más de 1.200 personas por razones políticas durante el terrorismo de Estado, en su mayoría mujeres, y que el predio fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre los episodios más significativos se encuentra la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978, cuando murieron al menos 65 personas. El hecho constituye uno de los capítulos más graves de la represión dentro del sistema penitenciario durante la dictadura y es objeto de investigaciones judiciales.
Para garantizar la preservación de esos testimonios materiales, la iniciativa establece que el sector destinado a memoria solo podrá recibir obras de restauración, sin demoler ni alterar las estructuras e instalaciones penitenciarias que tienen valor histórico, simbólico y probatorio. También prohíbe la venta, enajenación o privatización de cualquier parte del inmueble y establece que el espacio deberá permanecer abierto al público, de manera gratuita.
Entre los lugares que se propone proteger figuran el antiguo Pabellón Séptimo, actualmente identificado como módulo II; las plantas V y VI, donde estuvieron alojadas personas presas políticas; el pabellón 49, conocido por las ex presas políticas como el “pabellón de las madres”, porque allí permanecían mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos; las celdas de emergencia, tortura y castigo; el tanque de agua y el Hospital Penitenciario Central.
Uno de los puntos particulares de la iniciativa es la inclusión del Centro Universitario de Devoto (CUD) entre los espacios que deberán ser preservados. Se trata de una experiencia educativa desarrollada dentro del establecimiento penitenciario que permitió el acceso a la educación superior a personas privadas de su libertad y que es considerada un antecedente significativo de formación universitaria en contextos de encierro.
El proyecto busca resguardar físicamente sus instalaciones como parte del patrimonio histórico del complejo, junto con los demás sectores que dan cuenta de la historia del lugar. Su incorporación al listado de elementos protegidos apunta a evitar que desaparezca una experiencia que tuvo un papel importante en el acceso a la educación y en la construcción de oportunidades para las personas detenidas.
La iniciativa también contempla la continuidad de las tareas de reconstrucción histórica. En ese sentido, plantea que se deben garantizar las condiciones para que ex presos y presas políticas, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre del Pabellón Séptimo puedan ingresar al predio y realizar recorridas y reconocimientos oculares.
Estas visitas son consideradas fundamentales para identificar otros espacios que puedan tener valor simbólico o aportar elementos a las investigaciones judiciales todavía vigentes. La preservación de las instalaciones, por lo tanto, no responde solamente a un objetivo conmemorativo, sino también a la necesidad de conservar posibles pruebas vinculadas con los crímenes cometidos durante la dictadura.
El debate sobre el destino de la ex cárcel se inscribe en el proceso acordado entre el Gobierno de la Ciudad y el Estado nacional para trasladar el complejo penitenciario a Marcos Paz. Ese entendimiento, firmado en 2018, contempla la desafectación del establecimiento de su función carcelaria y la posterior definición de su uso urbanístico, incluida originalmente la posibilidad de vender el inmueble.
Frente a esa alternativa, el proyecto sostiene que el carácter histórico del predio y su reconocimiento como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, declarado en 2012 en el marco de la Ley Nacional 26.691, justifican su preservación y el rechazo a cualquier operación de venta o privatización.
Con casi 48.200 metros cuadrados de superficie, el terreno representa una oportunidad para modificar el paisaje urbano de Villa Devoto y responder a demandas vecinales que llevan años de reclamos. La propuesta busca que ese cambio no implique borrar la historia del lugar, sino combinar la creación de un nuevo parque público con la conservación de los espacios que testimonian lo ocurrido dentro de sus muros.
