El Poder Ejecutivo porteño propuso al abogado Leandro Ernesto Halperin para ocupar el cargo de Director General del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos establecidos por la Ley 6.923.
La postulación, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y quedó habilitado el período para que habitantes de la Ciudad y organizaciones de la sociedad civil presenten observaciones fundadas sobre la candidatura.
Halperin es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con más de 25 años de trayectoria vinculada con la gestión pública, la política criminal y penitenciaria, el sistema de Justicia y la gestión universitaria. Su recorrido profesional incluye experiencia en ejecución de penas, monitoreo de lugares de detención, prevención de la tortura y políticas de reintegración social.
En el ámbito académico, desde 2018 está a cargo de la cátedra de Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional del Ciclo Básico Común de la UBA, donde se desempeña como docente desde 2012. También ejerce la docencia en el Centro Universitario Devoto y en UBA XXI.
Entre sus antecedentes de investigación se encuentra la autoría de la doctrina “Sistema de ejecución de la pena de la Ciudad de Buenos Aires”, publicada en diciembre de 2025, y su participación en proyectos vinculados con el acceso a la educación en contextos de encierro.
Su trayectoria en el área penitenciaria comenzó en la década de 1990 y tuvo distintos destinos en organismos públicos y universitarios. Entre 1997 y 1999 fue director del Programa Cárcel y Universidad de la UBA y, posteriormente, se desempeñó como asesor de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación. También coordinó y dirigió durante varios años el programa UBA XXII de enseñanza universitaria en cárceles y ocupó funciones vinculadas con derechos humanos y lugares de detención.
Halperin también tuvo participación política e institucional en la Ciudad. Entre 2018 y 2021 fue legislador porteño y durante ese período fue autor de proyectos que derivaron en las leyes de Prevención del Suicidio, Protección Integral de Personas Víctimas o Testigos de Delitos y Juicio por Jurados Populares. Además, integró el Comité de Prevención de la Tortura porteño y, entre 2023 y 2025, se desempeñó como comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Desde marzo de 2025 ocupa el cargo de subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia porteño, función desde la cual ahora fue propuesto para conducir el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social.
La postulación contempla un plazo de diez días hábiles, una vez finalizado el período de publicación, para que vecinos y organizaciones de la sociedad civil presenten observaciones fundadas ante la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Ciudad.
