En medio de una creciente ola de reclamos de vecinos por la presencia de roedores en distintos barrios, el Gobierno de la Ciudad salió a reconocer formalmente la problemática y lanzó medidas de prevención y control.
La administración de Jorge Macri busca dar una respuesta a una demandada agenda de reclamos territoriales impulsada por agrupaciones de vecinos y organizaciones comunitarias, quienes venían haciendo visible el panorama mediante la difusión diaria de imágenes y videos grabados en la vía pública donde se observaba la libre circulación de los animales por veredas, plazas y frentes de viviendas.
Frente a esta situación, la Agencia de Protección Ambiental oficializó las Resoluciones 281 y 282-GCABA-APRA/26, mediante las cuales el Ejecutivo admite la complejidad de la coyuntura y establece un paquete de medidas preventivas de carácter obligatorio.
En sus propios considerandos, la normativa detalla que factores como la densidad demográfica, la abundante oferta de alimentos producto de la generación de residuos, las extensas redes subterráneas y las variaciones climáticas recientes terminaron convirtiendo a diversos ámbitos urbanos en escenarios propicios para la reproducción de estas plagas. La medida apela al cumplimiento de los criterios higiénico-sanitarios fijados por el Código Alimentario Argentino y responde al marco normativo nacional en materia de sanidad vegetal y animal.
El diagnóstico oficial pone especial acento en determinados sectores del tejido productivo y comercial porteño que, por la naturaleza de su rubro, requieren un seguimiento prioritario. Entran en este esquema los establecimientos dedicados al acopio, depósito, clasificación y reciclado de metales y desechos metálicos, considerados puntos neurálgicos para la prevención por la acumulación de materiales que suelen resguardar madrigueras.
Al mismo tiempo, hace foco en los corredores gastronómicos de alto tránsito, así como en las obras en construcción, demoliciones, centros de transbordo, escuelas y residencias de adultos mayores, exigiendo que todos ellos acrediten desratizaciones periódicas ante la autoridad de aplicación.
Para garantizar el control del servicio, la Ciudad dispuso un plazo de adecuación de cuarenta y cinco días para que los inmuebles y comercios alcanzados realicen las fumigaciones mediante empresas debidamente acreditadas.
A tal fin, se instrumentó un registro oficial donde las firmas prestadoras deberán inscribirse obligatoriamente en un lapso de treinta días para poder emitir los certificados con validez legal.
