La Legislatura porteña ratificó el convenio firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad para avanzar en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito porteño. El acuerdo establece cómo será la transferencia de competencias, qué causas continuarán en la órbita nacional y cuáles pasarán a ser atendidas por la Justicia de la Ciudad.
La iniciativa fue aprobada con 36 votos afirmativos y dos negativos, mientras que el bloque peronista se abstuvo por abstenerse. De esta manera, el recinto porteño dio su aval al acuerdo suscripto a comienzos de año por el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia. El convenio ya había quedado contemplado en el debate nacional de la reforma laboral y ahora deberá completar el trámite en el Congreso de la Nación para que pueda entrar en vigencia.
“La Legislatura aprobó el convenio de traspaso de las competencias laborales de Nación a Ciudad: un paso más para el orden laboral en CABA”, destacó Tapia luego de la votación. El ministro porteño sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una Justicia local “pensada para que los conflictos laborales no sean interminables para los trabajadores, ni la ruina para el empresariado”.
El principal cambio es que las nuevas causas laborales que se inicien una vez que comience a funcionar el fuero local serán atendidas por la Justicia del Trabajo de la Ciudad. También será la Justicia porteña la encargada de ejecutar las sentencias que dicte en esos casos.
En cambio, las causas que ya estén iniciadas antes de la puesta en funcionamiento efectiva del nuevo fuero continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta que tengan una sentencia definitiva. De esta manera, se busca establecer una transición ordenada y evitar que los expedientes en trámite deban cambiar de jurisdicción.
El traspaso tampoco incluirá todos los conflictos vinculados con el derecho laboral. Seguirán bajo competencia de la Justicia Federal, entre otros casos, los conflictos colectivos de trabajo, las cuestiones relacionadas con las asociaciones sindicales y las causas en las que sea parte el Estado Nacional.
El acuerdo contempla además un cierre progresivo de las dependencias de la Justicia Nacional del Trabajo. Como parte del proceso, y una vez obtenida la ratificación del Congreso, está previsto el cierre inmediato de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de 30 juzgados nacionales que actualmente se encuentran vacantes.
La Ciudad, por su parte, asumió el compromiso de poner en funcionamiento la nueva estructura judicial. Para eso tendrá hasta 180 días corridos para concursar y seleccionar a los jueces y a los integrantes del Ministerio Público —fiscales, defensores y asesores tutelares— y deberá disponer los recursos edilicios y operativos necesarios.
El acuerdo establece que la Nación no realizará nuevas designaciones para cubrir las vacantes de los juzgados que serán transferidos. Además, ambos gobiernos deberán negociar convenios específicos para concretar el traspaso progresivo de las partidas presupuestarias correspondientes.
Otro de los puntos incluidos en el convenio es la definición del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como tribunal superior de la causa para los recursos ordinarios y de inconstitucionalidad vinculados con resoluciones de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en Buenos Aires, en línea con el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Levinas”.
