La Justicia ordenó la clausura de la bóveda del Cementerio de la Recoleta que quedó en el centro de una disputa por el proyecto del Gobierno porteño para darle un nuevo uso comercial.
La medida fue dispuesta por el juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, luego de la inspección ocular realizada este jueves en el interior del espacio.
Durante la diligencia se realizaron registros fotográficos y fílmicos de la bóveda, ubicada en la Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12 y demasía del número 201.
Participaron de la inspección Lucía Girado, su hermana María Girado y los letrados patrocinantes de la amparista, los doctores Ignacio Rano y Pablo María Girado. Por parte de la Ciudad estuvieron representantes de la Procuración General, entre ellos Mariano Fernández, y el director general de Cementerios, Ignacio Salaberri.
Al finalizar la inspección, Gallardo dispuso la clausura preventiva del lugar “a los fines que nadie ingrese al lugar hasta que por orden judicial se habilite el acceso”. Además, ordenó que se mantenga una consigna policial durante el tiempo que dure la clausura.
Uno de los puntos observados durante la diligencia fue el estado en que se encuentra el interior de la bóveda y, particularmente, la situación de los ataúdes que permanecen allí.
El abogado de la amparista realizó observaciones sobre las condiciones del espacio y sobre la presencia de cajones en el piso. Frente a esos señalamientos, el director de Cementerios explicó que el estado de los ataúdes responde al deterioro producido por el paso del tiempo.
La inspección había sido ordenada por Gallardo mientras analiza el pedido cautelar presentado por Girado, familiar del titular de la concesión de la bóveda.
La mujer inició una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad y cuestionó el procedimiento mediante el cual se avanzó con la caducidad de la concesión y, posteriormente, con la licitación del espacio para su explotación comercial.
La medida judicial buscaba, entre otros objetivos, conocer de manera directa qué hay actualmente dentro de la bóveda, además de verificar las condiciones en las que se encuentra.
Para la diligencia, el juez había requerido que la Ciudad llevara la documentación relacionada con la individualización de los restos mortales de las personas que se encuentran inhumadas allí.
La disputa comenzó a tomar una nueva dimensión a partir del proyecto del Gobierno porteño para incorporar la antigua bóveda a una propuesta comercial dentro del Cementerio de la Recoleta.
Girado pidió que se suspenda cualquier avance sobre la concesión y que la Ciudad se abstenga de licitar o rematar el espacio hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
En ese planteo, la amparista cuestionó que un lugar destinado al descanso de personas fallecidas pueda ser utilizado con fines comerciales y sostuvo que las actuaciones administrativas de la Ciudad afectan derechos vinculados con el destino funerario de la bóveda.
El conflicto se produce mientras el Gobierno porteño avanza con la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26, mediante la cual busca otorgar por cinco años la concesión de uso y explotación onerosa de un espacio de aproximadamente 24,55 metros cuadrados dentro del Cementerio de la Recoleta. La convocatoria fue formalizada mediante la Disposición N° 278/DGCOYP/26 y establece que el lugar será destinado a servicios complementarios para los visitantes.
Según el pliego, el proyecto contempla la instalación de una tienda de recuerdos o gift shop, la venta de alimentos y bebidas bajo la modalidad take away y un espacio vinculado con la prestación de servicios de turismo nocturno dentro del cementerio.
La propuesta también prevé que el concesionario pueda utilizar el lugar como base para los recorridos nocturnos por el Cementerio de la Recoleta, previstos de jueves a domingo entre las 19 y las 23.
La documentación oficial identifica el espacio como ubicado en la Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12, dentro del predio de Junín 1760.
La Ciudad sostiene que se trata de una antigua bóveda que se encontraba en estado de abandono y que fue restituida al Gobierno porteño luego de completarse el procedimiento administrativo correspondiente.
La licitación establece que las ofertas serán abiertas el 9 de septiembre a las 11, a través de la plataforma Buenos Aires Compras.
Sin embargo, la decisión adoptada ahora por la Justicia introduce una pausa en el uso del espacio y mantiene bajo análisis tanto la situación de la concesión como el destino que la Ciudad pretende darle.
