Las declaraciones de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, sobre la baja de la natalidad, la Educación Sexual Integral (ESI), la interrupción voluntaria del embarazo y las identidades de género se convirtieron en uno de los principales ejes políticos de la sesión especial en la que el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, presentó su informe semestral de gestión ante la Legislatura.
Legisladores de distintos bloques aprovecharon la ronda de preguntas para reclamar una definición del Ejecutivo sobre si esos conceptos representan la posición institucional del Gobierno de Jorge Macri.
Los cuestionamientos llegaron desde diferentes espacios de la oposición e incluso de bloques dialoguistas. Entre quienes plantearon el tema durante la sesión estuvieron Manuela Thourte (UCR-Evolución), Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda), quienes, con distintos enfoques, coincidieron en interpelar al jefe de Gabinete sobre el alcance político de las declaraciones de Muzzio y su eventual respaldo por parte del resto de la administración porteña.
Desde la Libertad Avanza, el diputado Juan Pablo Arenaza tildó las declaraciones de "prehistóricas".
La polémica se originó a partir de una entrevista concedida por la vicejefa al medio MDZ, en la que vinculó la caída de la natalidad con cambios culturales y cuestionó políticas públicas impulsadas en los últimos años. En ese reportaje sostuvo que la Educación Sexual Integral constituye una "trampa mortal" porque, según afirmó, "destruye la cabeza de los chicos"; calificó a la interrupción voluntaria del embarazo como parte de una "cultura de la muerte"; cuestionó el reconocimiento de las identidades de género y aseguró que "solo existen dos sexos", además de atribuir al feminismo y a la ampliación de derechos un papel central en el descenso de los nacimientos.
En paralelo al debate en el recinto, el bloque Fuerza por Buenos Aires presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura exprese "su más enérgico repudio" a las manifestaciones de la vicejefa de Gobierno, al considerar que poseen un contenido discriminatorio y resultan incompatibles con las políticas públicas que la Ciudad viene desarrollando en materia de igualdad de género y diversidad.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores sostienen que las expresiones de Muzzio reproducen estereotipos de género, desconocen derechos consagrados por la legislación nacional y porteña y promueven discursos que consideran violentos hacia mujeres y diversidades.
También afirman que la vicejefa responsabilizó a la ESI, al aborto legal y al reconocimiento de las identidades de género por la disminución de la natalidad, sin contemplar otros factores sociales y económicos como la crisis habitacional, el costo de vida, la falta de vacantes escolares, las dificultades para conciliar el trabajo con las tareas de cuidado o el aumento de la pobreza.
El proyecto también sostiene que las declaraciones sobre la Educación Sexual Integral contradicen la Ley N.º 2110 de la Ciudad, que establece su implementación en el sistema educativo porteño, y recuerda que esta política busca prevenir situaciones de violencia por motivos de género, abusos sexuales y embarazos no intencionales. Asimismo, cuestiona que Muzzio haya negado las diversidades sexo-genéricas, en contradicción —según el texto— con la Ley Nacional de Identidad de Género y con el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad, que garantiza el respeto a la identidad y la igualdad ante la ley.
Los autores de la declaración también objetan las referencias de la vicejefa al aborto legal, al señalar que desconocen el proceso que derivó en la sanción de la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el impacto que tuvo esa normativa en la reducción de los abortos clandestinos y de la mortalidad materna.
Aunque la sesión tenía como objetivo analizar el balance de gestión del Ejecutivo porteño, la controversia por las declaraciones de Clara Muzzio terminó ocupando parte del debate político.
