El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio el primer paso formal para renovar la conducción del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires al enviar a la Legislatura el pliego de Paola Vanesa Michielotto para ocupar la presidencia del organismo.
La nominación, que era esperada por los bloques parlamentarios desde hacía varias semanas, activa el procedimiento institucional previsto por la Constitución porteña y destraba un proceso que había quedado rezagado respecto de otras designaciones clave que este año debe resolver el Parlamento local.
La propuesta fue remitida mediante una nota firmada por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, dirigida a la vicepresidenta primera de la Legislatura, Clara Muzzio. Allí, el Poder Ejecutivo solicita el tratamiento del pliego "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 210", que regula el funcionamiento del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.
Junto con la postulación de Michielotto, el Ejecutivo acompañó el pliego de antecedentes exigido por la Ley N° 331, paso indispensable para que la Legislatura pueda poner en marcha el procedimiento de designación.
La definición tiene relevancia política e institucional porque el mandato de las actuales autoridades del organismo vence el próximo 1° de agosto. Hasta ahora, el proceso permanecía virtualmente paralizado debido a que la normativa establece que la presidencia debe ser propuesta por el jefe de Gobierno, mientras que la designación definitiva corresponde a la Legislatura. Sin esa nominación, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control no podía avanzar hacia las siguientes etapas del trámite.
De esta manera, la propuesta de Jorge Macri pone en marcha un cronograma que incluirá la publicación de los antecedentes de la candidata, la apertura del período de observaciones e impugnaciones ciudadanas, la realización de una audiencia pública y, finalmente, el tratamiento del pliego en el recinto, donde será necesario construir los acuerdos políticos para alcanzar la mayoría requerida.
La renovación del Ente Regulador constituye uno de los tres procesos institucionales más importantes que este año debe resolver la Legislatura porteña. Paralelamente avanza el procedimiento para designar a las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo, mientras que también comenzó el análisis del pliego de Javier Martín López Zavaleta para ocupar la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal.
En el caso del Ente, el proceso había quedado varios pasos por detrás de la Defensoría. Mientras ese organismo ya cerró la inscripción de candidatos —con 20 postulaciones formalizadas y una fuerte disputa política por su conducción—, la renovación del directorio del Ente todavía no había ingresado en una etapa concreta debido a la ausencia de la propuesta del Ejecutivo para la presidencia.
La Junta de Ética ya había aprobado la resolución que habilitó el inicio del procedimiento administrativo y había notificado a los distintos actores involucrados, entre ellos los bloques legislativos, las asociaciones de usuarios y consumidores y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la designación permanecía en suspenso a la espera de la decisión política del jefe de Gobierno.
El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos fue creado por el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad y funciona como un organismo autónomo e independiente cuya misión principal es controlar la prestación de los servicios públicos bajo jurisdicción porteña y proteger los derechos de los usuarios y consumidores.
Entre sus atribuciones se encuentran supervisar la calidad de los servicios públicos no domiciliarios, controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, verificar estándares de funcionamiento, intervenir frente a reclamos de usuarios, requerir información a las empresas prestatarias y formular recomendaciones tanto al Gobierno de la Ciudad como a las compañías concesionarias.
Su rol cobró mayor relevancia en los últimos años a partir del seguimiento de distintos servicios públicos concesionados y de las actuaciones vinculadas con la calidad de las prestaciones, convirtiéndose en uno de los organismos de control más importantes del esquema institucional porteño.
Actualmente el directorio está encabezado por María Eugenia Michielotto, quien ejerce la presidencia, junto con Javier Liaño, Bernarda Fait y José Marcelo Pafundi como directores. También integra formalmente el organismo José María Grippo, quien se encuentra de licencia. La legislación establece además que uno de los integrantes del directorio debe representar a las asociaciones de usuarios y consumidores.
La designación de la presidencia constituye una atribución del Poder Ejecutivo, mientras que el resto de los integrantes del directorio responde a un esquema que involucra distintas representaciones institucionales. En todos los casos, la conformación definitiva requiere la intervención de la Legislatura, lo que obliga al oficialismo a negociar consensos con los distintos bloques parlamentarios.
Con el envío del pliego de Paola Michielotto, el Gobierno porteño comienza a completar una de las piezas institucionales que permanecían pendientes dentro del calendario de renovaciones previsto para este año.
Ahora será la Legislatura la encargada de abrir formalmente el proceso de evaluación de la candidata y avanzar con las instancias de participación ciudadana y debate parlamentario antes de definir si presta el acuerdo para su designación al frente del organismo que controla los servicios públicos de la Ciudad.
