La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se encamina a debatir en su próxima sesión uno de los proyectos de simplificación normativa más amplios de los últimos años. Se trata de la denominada “Ley de Hojarasca”, una iniciativa que propone eliminar más de 60 normas, entre leyes, ordenanzas, artículos específicos, registros y fondos públicos que, según sus impulsores, han quedado obsoletos o perdieron utilidad práctica con el paso del tiempo.
El expediente 1619-D-2026 obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Desarrollo Económico y Mercosur y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y forma parte de la estrategia de desregulación y modernización administrativa que el oficialismo busca consolidar en la Ciudad.
La propuesta apunta a revisar disposiciones vigentes que fueron sancionadas en contextos sociales, tecnológicos y administrativos muy diferentes a los actuales y que, a criterio de los autores del proyecto, generan burocracia innecesaria tanto para los ciudadanos como para la propia administración pública.
En los fundamentos del dictamen se sostiene que la acumulación de regulaciones a lo largo de las décadas produjo un entramado normativo complejo, con procedimientos redundantes, exigencias administrativas sin aplicación efectiva y obligaciones que fueron superadas por nuevas herramientas tecnológicas o por legislaciones posteriores.
El texto advierte que muchas de estas disposiciones continúan vigentes únicamente por inercia legislativa y que su permanencia dificulta la comprensión del sistema normativo y agrega costos administrativos para vecinos, comerciantes, emprendedores y empresas.
La iniciativa contempla la derogación de 23 leyes, 20 ordenanzas y numerosos artículos específicos de otras normas. Entre las disposiciones que dejarían de regir aparecen regulaciones vinculadas a actividades comerciales, registros administrativos, controles de habilitación, sistemas de autorización, fondos específicos y organismos que actualmente no tienen actividad o fueron reemplazados por estructuras más modernas.
Entre los casos más llamativos figuran dos ordenanzas con más de un siglo de antigüedad. Una de ellas fue sancionada en 1907 y establecía el procedimiento para la disposición de objetos y dinero pertenecientes a pacientes fallecidos en hospitales municipales.
Otra, aprobada en 1920, regulaba la locación de inmuebles municipales que no estuvieran afectados a fines de utilidad pública. Ambas serían eliminadas por considerarse normas que ya no tienen aplicación práctica o que fueron absorbidas por marcos regulatorios posteriores.
También se propone derogar una extensa serie de ordenanzas sancionadas durante las décadas de 1980 y 1990 vinculadas a registros industriales, habilitaciones comerciales, exhibición de documentación, requisitos de funcionamiento de hoteles y alojamientos, permisos especiales para determinadas actividades económicas y procedimientos administrativos que actualmente se realizan de manera digital.
El listado incluye normas que exigían registros manuales de pasajeros en hoteles residenciales, sistemas de identificación física para determinadas actividades y autorizaciones que, según el dictamen, fueron reemplazadas por controles electrónicos o plataformas digitales.
Entre las leyes alcanzadas por la iniciativa aparecen disposiciones vinculadas con publicidad oficial, actividades culturales, registros turísticos, eventos masivos, micromovilidad, medios de comunicación y distintos programas específicos creados durante las últimas dos décadas. Según el análisis incorporado al expediente, muchas de ellas fueron superadas por cambios normativos posteriores, mientras que otras dejaron de tener objeto o nunca llegaron a implementarse plenamente.
Otro aspecto relevante del proyecto es la eliminación de diversos fondos y fideicomisos creados para financiar programas específicos.
El relevamiento realizado por el Ejecutivo identificó al menos diez instrumentos de este tipo que serían alcanzados por la norma. Entre ellos figuran el Fideicomiso del Programa Productivo Cultural Semilla, el Fondo Especial al Ejercicio Futuro, el Fondo de Emergencia de Infraestructura y Saneamiento Urbano, el Fondo de Desarrollo Buenos Aires Sur, el Fondo para el Desarrollo de la Micromovilidad, el FONDES, el Fondo de Redistribución y la Cuenta Recaudadora del Ente de Turismo de la Ciudad.
De acuerdo con la documentación incorporada al dictamen, varios de estos mecanismos se encuentran inactivos o sin ejecución efectiva, mientras que otros permanecen formalmente vigentes pese a haber perdido relevancia dentro de la estructura administrativa actual.
La ley establece además que las partidas presupuestarias eventualmente asignadas a las normas derogadas serán transferidas al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a adecuar toda la normativa reglamentaria que resulte alcanzada por las derogaciones para garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico y evitar superposiciones o vacíos legales.
Desde el oficialismo sostienen que la simplificación normativa constituye una herramienta clave para construir una administración más eficiente y cercana a los ciudadanos. En esa línea, argumentan que la eliminación de regulaciones obsoletas permitirá reducir trámites, costos y tiempos administrativos, además de brindar mayor claridad sobre cuáles son las normas efectivamente vigentes.
