La Legislatura de la Ciudad inició formalmente el proceso para la designación de nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo y del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, dos organismos clave de control institucional porteño cuyos mandatos vencen este año.
La decisión fue adoptada este viernes durante una reunión de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, que aprobó las resoluciones correspondientes para poner en marcha ambos procedimientos.
El expediente de mayor peso político es el referido a la Defensoría del Pueblo, ya que involucra la renovación del titular del organismo y de sus adjuntos, cargos que requieren acuerdos amplios dentro de la Legislatura. La resolución aprobada recuerda que el mecanismo está previsto en el artículo 137 de la Constitución porteña y en la Ley 3, orgánica de la Defensoría.
En ese marco, la Junta resolvió “iniciar el procedimiento de designación del Defensor/a del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de sus Adjuntos/Adjuntas”, tal como establecen los artículos 4 y 16 de la ley vigente.
El cronograma aprobado fija la apertura del Registro de Postulantes por diez días hábiles, entre el 2 y el 16 de junio de 2026. Durante ese período, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales podrán presentar propuestas para ocupar los cargos. La normativa establece que sólo se aceptará una postulación por cada persona física o jurídica.
La resolución dispone además que la convocatoria deberá publicarse durante tres días hábiles en al menos tres diarios de amplia circulación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la emisora radial porteña, además de otros medios institucionales, con el objetivo de garantizar publicidad y participación ciudadana en el proceso.
Los antecedentes de los postulantes deberán presentarse en soporte papel y formato digital, conforme a los requisitos de la Ley 331. Las presentaciones se recibirán en la sede de la Junta de Ética, en Perú 160, entre las 10 y las 17 horas.
Uno de los puntos centrales del procedimiento es que los postulantes impulsados por ciudadanos u organizaciones necesitarán el aval de un diputado o diputada para integrar la nómina definitiva de candidatos.
Luego del cierre del registro, la Junta de Ética deberá publicar durante dos días hábiles el listado completo de candidatos propuestos por los bloques legislativos y de los postulantes inscriptos. Esa difusión también deberá realizarse en diarios, Boletín Oficial y medios institucionales de la Ciudad.
El proceso continuará con la apertura del Registro de Impugnaciones, que funcionará los días 3, 6, 7, 8 y 13 de julio de 2026 en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura. Allí, cualquier ciudadano podrá consultar los antecedentes de los candidatos y presentar objeciones fundadas “en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes”.
La resolución establece que, una vez vencido ese plazo, la Junta de Ética y la Comisión de Asuntos Constitucionales deberán analizar conjuntamente las impugnaciones recibidas.
Como última instancia previa a la votación parlamentaria, se convocó a una audiencia pública presencial para el 10 de agosto de 2026 a las 10 horas en la sede de la Legislatura.
Allí se debatirá la idoneidad de los candidatos y las eventuales objeciones presentadas. La audiencia será presidida por el titular de la Junta de Ética y por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con participación de legisladores de ambos cuerpos.
La resolución lleva las firmas del presidente de la Junta, Matías Lammens, y de los legisladores María del Pilar Ramírez, Gimena Villafruela, Laura Alonso, Aldana Crucitta, Federico Mochi, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira, Nicolás Pakgojz, Diego Vartabedian y Guadalupe Tagliaferri.
En paralelo, la Junta de Ética aprobó la resolución que da inicio al procedimiento para renovar a los integrantes del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
El texto recuerda que los artículos 138 y 139 de la Constitución porteña establecen las funciones del organismo y el mecanismo de designación de sus autoridades, mientras que la Ley 210 regula la duración de los mandatos y el procedimiento de selección.
La resolución advierte además que los mandatos de los actuales integrantes del directorio vencen el 1 de agosto de 2026, por lo que se resolvió abrir el proceso de renovación.
En este caso, la Junta notificará a los distintos bloques legislativos para que presenten candidatos que cumplan con los requisitos previstos por la Ley 210. También se dará intervención a la Comisión de Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios y al Poder Ejecutivo porteño.
El procedimiento contempla además la participación de asociaciones de consumidores y usuarios, conforme lo establece la Ley 1384, que regula específicamente la elección del representante de esas organizaciones dentro del organismo de control.
Finalmente, la resolución prevé que, una vez cumplidas las etapas iniciales, se pondrá en marcha el mecanismo de audiencia pública contemplado en la Ley 6 antes de la definición final en la Legislatura.
