En la sede del Poder Judicial de la Ciudad de Tacuarí se llevó a cabo el inicio del Programa de Prácticas Rentadas para Personas con Discapacidad.
La coordinación está a cargo de la directora de Desarrollo Profesional y Capacitación Administrativa, Luciana Andrada y la titular del Observatorio de la Discapacidad, Lucía Burundarena. En esta ocasión, el encargado del primer encuentro de apertura fue el director general de Supervisión Legal, de Gestión y Calidad Institucional, Miguel Gliksberg.
“Las prácticas rentadas para personas con discapacidad en el Poder Judicial de la CABA son un paso fundamental hacia la verdadera participación plena de todas las personas, una responsabilidad que trasciende lo legal y refleja el compromiso profundo con la igualdad de derechos y el acceso a una justicia sin barreras ni discriminación”, sostuvo Miguel Gliksberg.
Asimismo, al cierre de la actividad, afirmó: “Este Consejo aprobó como política pública un Plan Integral de Inclusión de Personas con Discapacidad del Poder Judicial de la CABA y un Programa de Prácticas Rentadas para Personas con Discapacidad, sobre todo desde la gestión de la secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, con el compromiso con el imperativo ético de transversalizar cada actividad que se emprende con perspectiva de discapacidad”.
“Esto es, garantizar que cada política, proceso y decisión incorpore la inclusión, accesibilidad y equidad como ejes fundamentales, en pos de la construcción de una sociedad más justa para todos“, agregó.
Este enfoque está en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en su artículo 27, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, lo que incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.
En ese sentido, en el inc. 23 del art. 75 de la Constitución Nacional se impone la obligación de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio reconocidos (…) en particular los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
