El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dispuso una nueva prórroga de la emergencia edilicia, de infraestructura y de condiciones de alojamiento en comisarías y establecimientos de detención transitoria de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que busca afrontar la persistente sobrepoblación de personas privadas de su libertad en dependencias policiales porteñas.
La decisión quedó formalizada mediante un decreto que extiende por otros doce meses la emergencia declarada originalmente en 2024 y prorrogada durante 2025. De esta manera, el Gobierno porteño reconoce que continúan vigentes las condiciones que motivaron la medida excepcional, vinculadas al crecimiento sostenido de detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad y a las limitaciones de infraestructura para dar respuesta a esa demanda.
La emergencia fue establecida inicialmente a través del Decreto 200/2024, que declaró por un año la situación crítica en materia edilicia y de alojamiento en dependencias policiales e instituciones penales de alojamiento transitorio. La medida tuvo como fundamento el aumento constante de personas detenidas en la órbita porteña y el impacto que esta situación genera sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario. Posteriormente, fue prorrogada mediante el Decreto 194/2025 y ahora volverá a extenderse por un nuevo período de doce meses.
Según argumenta el Gobierno porteño, la sobrepoblación en comisarías y alcaidías responde a factores que exceden las capacidades operativas de la Ciudad y requiere continuar con obras, inversiones y adquisiciones destinadas a ampliar y mejorar los espacios de alojamiento. En ese sentido, el decreto señala que se mantienen en marcha proyectos de construcción, remodelación y refacción de inmuebles, así como la compra de equipamiento para las dependencias donde permanecen personas privadas de la libertad.
La normativa también sostiene que las mejoras en la infraestructura de detención tienen un impacto directo sobre la seguridad pública. De acuerdo con los fundamentos oficiales, reducir la sobrecarga de detenidos en comisarías permite optimizar el trabajo policial y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas destinadas a la prevención del delito.
La nueva prórroga mantiene además las facultades extraordinarias otorgadas a los ministerios de Seguridad y de Justicia para adoptar medidas urgentes vinculadas a la emergencia. Entre ellas se encuentra la posibilidad de ejecutar obras y contratar bienes y servicios necesarios para ampliar la capacidad de alojamiento y mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos alcanzados por la declaración.
El decreto encomienda asimismo al Ministerio de Hacienda y Finanzas realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en la emergencia. La medida fue refrendada por los ministros de Seguridad, Justicia y Hacienda y por el Jefe de Gabinete porteño.
La situación de los detenidos en dependencias policiales se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre la Ciudad y el Gobierno nacional durante los últimos años. Desde la administración porteña sostienen que muchas personas permanecen alojadas durante períodos prolongados en establecimientos concebidos para estadías transitorias, debido a las dificultades para su traslado al sistema penitenciario federal.
Con esta nueva extensión, la emergencia permanecerá vigente al menos hasta mediados de 2027, mientras la Ciudad busca avanzar con obras de infraestructura y nuevas plazas de alojamiento para enfrentar una problemática que continúa sin resolución definitiva.
