Un operativo de desalojo realizado por el Gobierno de la Ciudad en una vivienda de Parque Chas desató una fuerte controversia luego de que docentes de la escuela a la que asisten los niños involucrados rechazaran la versión oficial y denunciaran que el procedimiento se llevó a cabo con episodios de violencia contra familias y menores.
A través de un comunicado, la comunidad educativa expresó su “repudio frente al desalojo ilegal y violento sufrido por familias” de estudiantes y cuestionó directamente los argumentos difundidos por la administración porteña. En ese sentido, desmintieron la existencia de un taller textil clandestino en el inmueble y calificaron como “falsa” la acusación de explotación infantil.
“Nos vemos en la necesidad de desmentir las publicaciones realizadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, en la que justifica este atropello hacia la vida de las personas, a través de una falsa denuncia de explotación infantil”, señalaron. Además, remarcaron que conocen a las familias afectadas y que se trata de “familias trabajadoras” cuyos hijos asisten regularmente a la escuela, situación que —según indicaron— se vio interrumpida por el operativo.
Los docentes también apuntaron contra uno de los ejes centrales de la versión oficial: la presencia de máquinas de coser en la vivienda. Según explicaron, esas herramientas pertenecen a una de las madres, que realiza trabajos de costura para sostener a su familia. Incluso destacaron su vínculo con la institución educativa, donde colaboró confeccionando guardapolvos, telones y colchonetas. “Lo que también desmiente la versión oficial es que, al finalizar el desalojo, las máquinas le fueron entregadas, lo cual es incongruente si de verdad se tratara de un taller clandestino”, sostuvieron.
En el cierre del comunicado, subrayaron que “la educación y el aprendizaje necesitan de condiciones sociohabitacionales de dignidad” y advirtieron que este tipo de intervenciones “obstaculizan” esos procesos.
Por su parte, desde el Gobierno porteño defendieron el procedimiento y afirmaron que se trató de la recuperación de una propiedad usurpada donde funcionaba un taller textil clandestino. Según la versión oficial, en el lugar trabajaban menores y se detectaron irregularidades vinculadas a la situación migratoria de uno de los ocupantes. El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad por orden judicial, en el marco de una causa impulsada por la fiscalía correspondiente.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, respaldó el accionar y sostuvo que en el inmueble “había 17 menores explotados” y que se trataba de un caso que evidenciaba problemáticas asociadas a las viviendas ocupadas. Además, enmarcó el procedimiento dentro de una política más amplia de recuperación de propiedades y ordenamiento urbano.
