El Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura el acuerdo de traspaso del fuero laboral, en un movimiento que reaviva el debate por la autonomía porteña y la reorganización del sistema judicial.
La iniciativa comenzó a delinearse con los alcances del convenio firmado el 9 de febrero de 2026 entre Manuel Adorni, en su carácter de jefe de Gabinete nacional, y Gabino Tapia, que fija las bases para la transferencia de la función judicial en materia laboral desde la órbita nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El entendimiento establece que la entrada en vigencia quedará supeditada a la aprobación del Congreso de la Nación y de la Legislatura porteña, así como a la firma de los convenios específicos de transferencia de recursos.
A partir de ese momento se abrirá un período de transición de 180 días durante el cual convivirán ambos sistemas: la Justicia Nacional del Trabajo continuará tramitando las causas iniciadas con anterioridad, mientras que los nuevos expedientes pasarán a radicarse en el fuero local.
El acuerdo delimita con precisión el alcance de la transferencia. Quedan comprendidas las competencias individuales del derecho laboral, pero se excluyen los conflictos colectivos, las acciones sindicales, los casos en los que el Estado Nacional sea parte y todas aquellas materias de jurisdicción federal.
También se fija un esquema de responsabilidades y compromisos recíprocos: la Ciudad deberá seleccionar jueces y miembros del Ministerio Público en un plazo de 180 días y garantizar las condiciones operativas del nuevo fuero, mientras que la Nación se compromete a transferir progresivamente los recursos, evitar nuevas designaciones en los tribunales alcanzados y avanzar en el cierre ordenado de los juzgados nacionales.
El texto prevé además cláusulas de cobertura ante eventuales conflictos, estableciendo que las controversias deberán resolverse en primera instancia de manera amistosa y, en caso contrario, serán sometidas a la Corte Suprema.
A su vez, ambas jurisdicciones acuerdan mantenerse indemnes frente a reclamos derivados del ejercicio de sus competencias una vez que el sistema entre en funcionamiento. El proceso impactará directamente en la estructura judicial vigente: se contempla la clausura o transferencia de 30 juzgados laborales y de una sala de la Cámara Nacional del Trabajo.
En el mensaje elevado al Parlamento local, el jefe de Gobierno Jorge Macri encuadró la iniciativa como un paso “sustantivo” en la consolidación de la autonomía porteña. Sostuvo que el acuerdo se inscribe en el mandato del artículo 129 de la Constitución Nacional y en las disposiciones de la Constitución de la Ciudad, que facultan a las autoridades locales a asumir plenamente las competencias jurisdiccionales ordinarias.
En esa línea, remarcó que la permanencia de tribunales nacionales con asiento en el distrito “fue concebida como transitoria” tras la reforma de 1994, pero se extendió más allá de lo previsto por el diseño constitucional.
Desde la óptica del Ejecutivo porteño, la iniciativa apunta a mejorar la calidad del servicio de justicia, clarificar competencias y evitar duplicidades. La centralización del fuero laboral en la órbita local permitiría, según el mensaje oficial, fortalecer la seguridad jurídica y dotar de mayor coherencia al sistema, al tiempo que consolida la autonomía política de la Ciudad en línea con el esquema constitucional vigente.
