El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo Piragine, concurrirá este martes 28 de abril a la Legislatura porteña para explicar los alcances del proyecto de ampliación del Presupuesto 2026 impulsado por el Ejecutivo. La reunión de diputados está prevista para las 14 en el Salón Montevideo en el marco del tratamiento preliminar de la iniciativa.
El pedido, promovido por el jefe de Gobierno Jorge Macri, contempla un incremento del 15% sobre el presupuesto vigente, lo que implica una ampliación global de $2,68 billones respecto de los $17,3 billones originalmente aprobados. La iniciativa busca readecuar las partidas frente a un escenario económico que evolucionó por encima de las previsiones oficiales.
Según los fundamentos del proyecto, la principal variable que explica la modificación es la inflación. Con un aumento acumulado del 8,9% en el primer trimestre y una variación interanual del 32,1%, la pauta inflacionaria estimada al momento de sancionar el presupuesto —del 10,1%— quedó desactualizada en los primeros meses del año. En este contexto, el Ejecutivo sostiene que la actualización resulta necesaria para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
El mayor refuerzo presupuestario se concentra en el gasto en personal, con una asignación adicional de $950.627 millones. La medida responde al impacto de las negociaciones salariales y a la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. A su vez, se prevé una ampliación de $103.947 millones en bienes de consumo, destinada a cubrir insumos básicos para áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
El proyecto también incorpora un incremento de $733.224 millones en servicios no personales, rubro que incluye contratos vinculados al mantenimiento urbano, como recolección de residuos, alumbrado, higiene y vigilancia. En paralelo, se destinan $286.767 millones adicionales a bienes de uso, orientados a obras públicas, infraestructura y equipamiento.
En materia social y de movilidad, se prevé una suba de $370.986 millones en transferencias, con el objetivo de reforzar programas de asistencia y sostener subsidios al transporte. Por otra parte, el esquema contempla un aumento de $160.681 millones en los servicios de la deuda, producto de las condiciones financieras y la evolución del tipo de cambio.
Para financiar la ampliación, el Ejecutivo proyecta un incremento equivalente en los recursos, con eje en la recaudación tributaria. Se estiman $1,59 billones adicionales, impulsados principalmente por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, además de otros tributos como Sellos, inmobiliario y patentes, junto con transferencias nacionales.
El proyecto incluye además modificaciones en variables administrativas, como la actualización de la Unidad de Compra y de la Unidad de Multa, que pasarán de $450 a $550. Este ajuste impacta en el sistema de contrataciones públicas y en el régimen sancionatorio.
