El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, avanzó con un pedido formal a la Legislatura para ampliar en un 15% el Presupuesto 2026, en una jugada que combina la necesidad de recomponer partidas erosionadas por la inflación con un rediseño del esquema de financiamiento y administración del gasto.
La modificación implica un incremento global de $2,68 billones, en el marco de la ley vigente que estimó un Presupuesto de $17,3 billones y apunta a sostener el funcionamiento del Estado en un escenario macroeconómico más exigente del previsto. Según fuentes legislativas podría tratarse en una sesión que prevén realizar en mayo que sería la última antes del receso de invierno que coincidirá también con el Mundial de Fútbol.
El argumento central del Ejecutivo se apoya en la evolución de los precios. Con una inflación acumulada del 8,9% en el primer trimestre y una variación interanual del 32,1%, la proyección original -pautada en un 10,1 en base a las variables macroeconómicas del Gobierno nacional- quedó desactualizada antes de promediar el año.
En ese contexto, el Gobierno porteño plantea que, sin una readecuación de los créditos, se pondría en riesgo la continuidad y la calidad de los servicios esenciales, especialmente en áreas de alta sensibilidad social.
El mayor volumen de recursos, unos $950.627 millones, se destina al gasto en personal, lo que refleja el peso de las negociaciones salariales y la necesidad de acompañar la inflación para evitar una caída del ingreso real de los trabajadores estatales.
En paralelo, el proyecto incorpora $103.947 millones en bienes de consumo, una categoría que impacta de manera directa en la prestación cotidiana de servicios: medicamentos, insumos hospitalarios, materiales educativos y equipamiento básico para seguridad.
Otro eje relevante es el de los servicios no personales, con una ampliación de $733.224 millones. Aquí se agrupan contratos clave para el mantenimiento urbano: recolección de residuos, higiene, alumbrado, vigilancia y logística operativa. El Gobierno pone el foco en sostener estándares de limpieza, seguridad y movilidad, tres variables con alto impacto en la percepción ciudadana.
La inversión pública también recibe un impulso, aunque más acotado en términos relativos. Se asignan $286.767 millones adicionales a bienes de uso, que incluyen obras, mantenimiento de infraestructura y compra de equipamiento.
En materia social y de movilidad, el incremento de $370.986 millones en transferencias apunta a reforzar programas de asistencia y subsidios, así como a sostener el sistema de transporte.
El frente financiero, en tanto, introduce un factor adicional de presión. El proyecto contempla un aumento de $160.681 millones en los servicios de la deuda, explicado por el impacto del tipo de cambio y las condiciones financieras. La mayor parte corresponde a amortizaciones ($110.411 millones), mientras que los intereses suman $50.270 millones.
Para equilibrar esta expansión, el Ejecutivo proyecta un aumento equivalente en los recursos. La clave está en la recaudación tributaria, que aportaría $1,59 billones adicionales, con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como principal motor (más de $1,14 billones). También se suman ingresos por Sellos, inmobiliario y patentes, además de recursos no tributarios y transferencias nacionales, en particular las vinculadas al fallo por coparticipación.
El esquema se completa con fuentes financieras por más de $157.000 millones, provenientes de endeudamiento y organismos multilaterales, y con una ampliación de $135.000 millones en la autorización para emitir letras del Tesoro.
Un capítulo aparte merece la actualización de las variables administrativas: el proyecto eleva el valor de la Unidad de Compra (UC) y de la Unidad de Multa (UM) de $450 a $550. Este cambio tiene impacto directo en el sistema de contrataciones públicas —al redefinir montos y escalas de licitación— y en el régimen de sanciones, ajustando las multas al nuevo contexto de precios.
En perspectiva, la ampliación del 15% se ubica en línea con la práctica reciente de la Ciudad, aunque con matices. En 2024, el Ejecutivo había solicitado una fuerte corrección del 80% del presupuesto, en un contexto de shock inflacionario.
En 2025, en cambio, la actualización fue más moderada: un 4% (unos $557 mil millones) sobre un total de $13,9 billones. El pedido actual se posiciona en un punto intermedio, pero con un denominador común: la necesidad de recalibrar las cuentas públicas en tiempo real frente a una economía volátil.
El debate ahora se traslada al ámbito legislativo, donde el oficialismo buscará respaldo para aprobar la readecuación en un recinto más adverso que años anteriores debido a una acotada cantidad de escaños propios que lo obliga a iniciar negociaciones con la oposición.
