En medio de una profunda crisis que atraviesa el comercio minorista, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) presentó ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que propone regular la instalación de kioscos mediante la fijación de una distancia mínima de 200 metros entre locales.
La iniciativa, impulsada por el presidente de la entidad, Norberto Silvano Tomasino, busca ordenar la actividad, evitar la saturación comercial en determinadas zonas y generar condiciones más equitativas para la competencia en un sector compuesto mayoritariamente por pequeños emprendimientos familiares.
La propuesta surge en un contexto alarmante para el rubro. De acuerdo con relevamientos difundidos por la propia entidad en febrero de 2026, en la Argentina cierran alrededor de 50 kioscos por día, una cifra que refleja la magnitud de la crisis y que ha llevado a los representantes del sector a hablar de un “peligro de extinción” del modelo tradicional de comercio de cercanía. Este fenómeno no responde a una única causa, sino a la convergencia de múltiples factores que vienen deteriorando la rentabilidad de estos negocios en los últimos años.
Entre los principales problemas señalados se encuentran la fuerte caída del consumo masivo, la pérdida sostenida del poder adquisitivo, el incremento de tarifas y costos fijos, la suba de los alquileres comerciales y la creciente presión competitiva de grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales.
En este escenario, los kioscos independientes se ven particularmente afectados debido a que su estructura económica depende en gran medida de compras impulsivas, uno de los hábitos de consumo más golpeados en períodos de recesión e incertidumbre económica.
El proyecto de ley, denominado “Ordenamiento de Kioscos - Distancias Mínimas”, propone como eje central la imposibilidad de habilitar nuevos kioscos a menos de 200 metros de otro ya existente, tomando como referencia la distancia en línea recta entre los accesos principales de cada local. En los casos en que esta condición no se cumpla, la normativa prevé que solo podrá mantenerse habilitado uno de los comercios, estableciendo criterios de prioridad basados en la antigüedad o en la superficie comercial.
A su vez, contempla la creación de un Registro Único de Kioscos (RUK), que permitirá relevar con precisión la ubicación, características y tipo de productos ofrecidos por cada establecimiento, aportando mayor transparencia y herramientas de planificación para la autoridad de aplicación.
Desde la UKRA sostienen que la falta de regulación en la distribución territorial de los kioscos ha generado una concentración excesiva en determinadas zonas, con múltiples locales compitiendo en radios muy reducidos. Lejos de traducirse en una competencia saludable, esta dinámica deriva, según argumentan, en una caída generalizada de la facturación que termina volviendo inviables a muchos comercios, especialmente a los más pequeños.
En contraposición, las grandes cadenas cuentan con ventajas estructurales como mayor capacidad de negociación con proveedores, logística integrada y la posibilidad de sostener estrategias de precios agresivas durante períodos prolongados, lo que profundiza la asimetría competitiva.
El planteo del sector no se limita a una cuestión estrictamente económica, sino que también pone el foco en el impacto social del cierre de kioscos. Más del 70% de estos comercios son explotados por personas físicas o grupos familiares, lo que los convierte en una fuente directa de autoempleo y sustento. Además, cumplen un rol clave en la vida cotidiana de los barrios, no solo como puntos de venta, sino también como espacios de interacción social, referencia comunitaria y presencia constante en la vía pública, contribuyendo incluso a la seguridad urbana.
En este sentido, el proyecto advierte que el cierre masivo de kioscos no solo implica la pérdida de ingresos para miles de familias, sino también un proceso de vaciamiento comercial que afecta la dinámica de los barrios, incrementa la cantidad de locales ociosos y debilita el entramado económico local. La iniciativa se presenta, entonces, como una herramienta de intervención estatal orientada a preservar la diversidad del tejido comercial y evitar procesos de concentración que, a largo plazo, podrían reducir la competencia real.
Los impulsores de la propuesta subrayan que la regulación de la actividad comercial no constituye una novedad en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se inscribe dentro de una tradición normativa que reconoce la necesidad de ordenar el desarrollo urbano. En ese marco, recuerdan la existencia de la Ley 1200 de Grandes Superficies Comerciales, sancionada en 2003, que introdujo mecanismos de evaluación para la instalación de grandes establecimientos con el fin de mitigar su impacto sobre el comercio barrial.
Asimismo, citan antecedentes jurisprudenciales relevantes, como el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Farmacity”, donde se avaló la potestad de las jurisdicciones locales para regular la localización y organización de determinadas actividades económicas en función del interés público. En esa oportunidad, el máximo tribunal sostuvo que la libertad de comercio no es un derecho absoluto y que puede ser reglamentado de manera razonable para garantizar objetivos como una adecuada distribución territorial de los servicios y condiciones de competencia equilibradas.
Desde la UKRA enfatizan que el proyecto no busca impedir la apertura de nuevos kioscos ni restringir la actividad privada, sino establecer reglas claras que eviten la concentración excesiva en áreas específicas y permitan sostener un ecosistema comercial más equilibrado.
En esa línea, destacan que la regulación de distancias mínimas es una herramienta utilizada en distintas partes del mundo para preservar la diversidad de oferentes, evitar posiciones dominantes locales y garantizar una competencia efectiva.
El texto también prevé que la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, tenga la facultad de establecer excepciones fundadas en criterios de planificación urbana, lo que introduce un margen de flexibilidad para atender particularidades territoriales.
En un contexto económico marcado por la recesión y la caída del consumo, el proyecto abre un debate de fondo sobre el rol del Estado en la regulación de la actividad comercial. Para el sector kiosquero, la intervención no solo es legítima, sino necesaria para evitar la desaparición de miles de unidades productivas que forman parte esencial de la economía urbana y de la vida barrial.
“Defender al kiosco no es una cuestión nostálgica, sino una forma de proteger el empleo, la comunidad y la diversidad económica”, sostienen.
La iniciativa deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Ciudad, donde se anticipa que generará discusión entre quienes defienden una regulación más activa del mercado y quienes sostienen la necesidad de mantener una mayor libertad en la actividad comercial. Mientras tanto, el sector kiosquero espera que el proyecto sea tratado con urgencia, en un escenario donde, según advierten, cada día que pasa implica la desaparición de nuevos comercios.
