Durante el mes de marzo, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante la Segunda Encuesta de Acceso a Justicia, un relevamiento presencial y domiciliario que alcanzará 2.200 casos en todas las comunas, incluyendo 400 en barrios en condiciones de vulnerabilidad.
La iniciativa busca relevar percepciones, experiencias y obstáculos concretos que enfrentan los ciudadanos al momento de acceder al sistema judicial.
El operativo está a cargo de equipos del propio Poder Judicial, en articulación con la consultora Isonomía, y se desarrolla bajo el lema “Tu participación nos fortalece”. La participación es voluntaria, anónima y confidencial, y la información recolectada será utilizada exclusivamente con fines estadísticos.
El cuestionario fue diseñado para abordar múltiples dimensiones del acceso a justicia. Incluye bloques de datos sociodemográficos como género, discapacidad o condición migrante para detectar desigualdades; cultura legal, que mide el conocimiento de derechos y de las instituciones disponibles; percepciones y barreras de acceso, enfocadas en la imagen y funcionamiento del sistema; y experiencias concretas, que relevan conflictos reales y los recorridos realizados por los ciudadanos.
También incorpora un apartado específico sobre el conocimiento, uso y valoración de los servicios del Poder Judicial porteño.
La encuesta es la primera actualización integral del estudio realizado en 2014 y permitirá incorporar al diagnóstico los cambios institucionales, sociales y tecnológicos registrados en la última década.
Desde el organismo destacaron que el relevamiento apunta a generar información confiable que sirva de base para el diseño y la mejora de políticas públicas judiciales. En ese sentido, la secretaria de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura, Genoveva Ferrero, señaló que el objetivo es “tener una foto clara de cómo está hoy la Ciudad en materia de acceso a la justicia” y así poder ajustar las herramientas existentes según las necesidades de la ciudadanía.
En la misma línea, la responsable de la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales, Jessica Malegarie, subrayó que el estudio “coloca en el centro la opinión de las personas” y busca comprender si los vecinos saben a dónde acudir ante un problema, qué instituciones conocen y qué respuestas esperan del sistema judicial.
La iniciativa se enmarca en el trabajo de la Mesa de Acceso a Justicia, creada en 2022, que articula a distintos actores del sistema judicial para fortalecer políticas basadas en evidencia. Consejeros como Lorena Clienti, Marcelo Meis y Gabriela Zangaro coincidieron en que contar con un diagnóstico certero permitirá construir una justicia más accesible, cercana y orientada a las necesidades reales de la población.
