En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron tres proyectos de ley que buscan avanzar en la construcción de memoria, reparación y prevención en torno a la Masacre de Luis Viale, uno de los hechos más graves vinculados a la explotación laboral y a los talleres textiles clandestinos en el ámbito urbano.
A dos décadas del incendio ocurrido en el taller ilegal del barrio de Caballito, las iniciativas retoman los reclamos históricos de sobrevivientes y organizaciones sociales, y los traducen en propuestas concretas de política pública.
La presentación se realizó en un acto que reunió a referentes institucionales y protagonistas directos de aquella tragedia. Estuvieron presentes Lourdes Hidalgo, quien desde hace años impulsa acciones de memoria y justicia; el legislador Juan Modarelli, que acompañó los proyectos; y el comunero Mariano Cuyeu.
El encuentro puso en primer plano la necesidad de sostener políticas públicas que no sólo recuerden lo ocurrido, sino que también contribuyan a evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
El incendio ocurrido el 30 de marzo del 2006 en un taller clandestino de Caballito mató a una mujer embarazada y cinco niños. Para entonces, ahí más de 60 personas eran explotadas laboralmente y vivían en condiciones de hacinamiento e insalubres. Contaban con un solo baño, dormían en espacios separados por cortinas y sin ventilación.
En la actualidad, el edificio está abandonado, con deterioros estructurales debido a la falta de mantenimiento.
El primero de los proyectos propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Luis Viale 1269/71, donde funcionaba el taller textil clandestino en el que murieron seis personas, entre ellas cuatro niños.
La iniciativa establece que el predio sea destinado a la creación de un “Espacio de memoria contra la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral”, un ámbito pensado tanto para la conmemoración como para la reflexión colectiva.
A su vez, el proyecto incorpora la instalación de una subsede comunal, que funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con el objetivo de acercar el Estado al territorio y canalizar demandas vinculadas, entre otras cuestiones, a problemáticas migratorias y laborales.
La propuesta de expropiación se inscribe en una larga serie de antecedentes legislativos e iniciativas impulsadas por sobrevivientes y organizaciones.
En distintas oportunidades se presentaron proyectos similares que no lograron avanzar, aunque sí se concretaron otras acciones simbólicas, como la colocación de una placa recordatoria en el lugar y el reconocimiento institucional a quienes sostuvieron el reclamo de memoria. En ese sentido, el nuevo proyecto retoma esas experiencias previas y busca dar un paso más: transformar el sitio donde ocurrió la tragedia en un espacio público con sentido colectivo.
El segundo proyecto se centra en la señalización del lugar. Plantea la colocación de un cartel conmemorativo en la vereda de Luis Viale 1269, con el objetivo de visibilizar de manera permanente lo ocurrido y contribuir a la construcción de memoria social.
La iniciativa parte de la idea de que el espacio urbano también es un soporte de memoria, y que su intervención mediante señalética permite interpelar a quienes transitan cotidianamente por el barrio, generando instancias de reflexión sobre las condiciones de explotación que dieron lugar a la tragedia.
Por su parte, el tercer proyecto introduce una dimensión educativa clave. Establece que, en el marco de la Semana de la Lucha contra la Trata de Personas, el sistema educativo de la Ciudad deberá garantizar la realización de actividades pedagógicas específicas en todos los niveles primarios y secundarios, tanto de gestión estatal como privada.
Estas actividades tomarán como eje los hechos ocurridos en el taller de Luis Viale y estarán orientadas a promover la reflexión sobre la trata con fines de explotación laboral, los derechos laborales, el trabajo infantil y la situación de las personas migrantes.
Además, la iniciativa prevé la elaboración de materiales didácticos adecuados a cada nivel educativo, la capacitación docente y la articulación con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática. De este modo, se busca que el abordaje no sea aislado ni superficial, sino que forme parte de una política sostenida de educación en derechos humanos.
Los tres proyectos comparten un enfoque integral que articula memoria, presencia estatal y formación. La expropiación y creación de un espacio de memoria apuntan a una reparación simbólica y a la preservación del
sitio como testimonio histórico; la señalización refuerza la visibilización en el espacio público; y la propuesta educativa proyecta la memoria hacia el futuro, promoviendo conciencia en las nuevas generaciones.
