El Gobierno porteño presentó en la Legislatura local dos proyectos de ley destinados a avanzar con la construcción de la futura Línea F de subte. Las iniciativas apuntan, por un lado, a habilitar la licitación y ejecución de las obras y, por otro, a establecer el esquema de financiamiento necesario para llevar adelante el proyecto.
La primera de las propuestas modifica la Ley 670, que regula el desarrollo del sistema de subterráneos en la Ciudad, con el objetivo de facultar al Poder Ejecutivo a licitar la construcción integral de la Línea F, prevista con una extensión aproximada de 9,8 kilómetros. La modificación también incluye la posibilidad de avanzar con obras vinculadas a otras líneas proyectadas —como la G y la I— y con la finalización de la Línea H.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo será el responsable de liderar la ejecución de las obras. En ese marco, se propone también reformular la composición de la Comisión Mixta de Seguimiento, el órgano encargado de monitorear el desarrollo del sistema de subtes y de informar a la Legislatura sobre el avance de las obras.
Según el texto enviado al Parlamento porteño, la comisión estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo y quince legisladores. Este cambio responde, entre otros motivos, a la nueva situación institucional de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que desde enero funciona como una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), lo que modifica su rol dentro de la estructura administrativa vinculada al transporte subterráneo.
El organismo de seguimiento deberá presentar informes bimestrales a la Legislatura sobre el estado de avance de los proyectos y convocar, de manera trimestral, a reuniones con trabajadores del sistema y con representantes de los usuarios. La intención es generar instancias periódicas de control y participación en torno al desarrollo de la red.
La iniciativa también declara de utilidad pública unos 30 predios y subsuelos necesarios para llevar adelante la obra de la Línea F. Para ello se establece al Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad como autoridad expropiante.
Las tasaciones correspondientes estarán a cargo del Banco Ciudad, mientras que los terrenos que eventualmente queden remanentes una vez concluidas las obras deberán destinarse a infraestructura pública orientada al bien común. Entre los posibles usos se mencionan equipamientos vinculados a salud, educación, deporte u otros servicios comunitarios.
Este mecanismo busca asegurar que los espacios liberados o sobrantes de las intervenciones urbanas vinculadas al subte puedan reintegrarse al tejido urbano con funciones de interés público.
El segundo proyecto remitido a la Legislatura se centra en el financiamiento de la obra. Para poder afrontar los costos de ingeniería, construcción y equipamiento de la Línea F, el Gobierno porteño solicita autorización para realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta 1.350 millones de dólares.
De acuerdo con el texto, el financiamiento podrá obtenerse a través de distintas herramientas. Entre ellas se contemplan empréstitos con organismos multilaterales de crédito —como bancos de desarrollo internacionales— o la emisión de títulos de deuda en mercados financieros tanto locales como internacionales.
La iniciativa también establece que las operaciones financieras podrán contar con garantías basadas en fondos de coparticipación federal. Asimismo, se prevé que los acuerdos de crédito tengan un plazo mínimo de amortización de un año y que, en caso de ser necesario, puedan contemplar jurisdicción extranjera para su instrumentación.
Desde el Ejecutivo porteño señalan que este esquema busca dotar al proyecto de herramientas financieras flexibles que permitan encarar una obra de gran escala y de largo plazo.
La Línea F forma parte de los proyectos de expansión del subte contemplados desde hace años en distintos planes de movilidad urbana. Con una extensión prevista de casi diez kilómetros, el nuevo ramal buscará mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y aliviar la carga de otras líneas que hoy concentran gran parte del flujo de pasajeros.
En ese sentido, la iniciativa presentada en la Legislatura representa un paso administrativo clave para poder avanzar en las etapas de licitación, financiamiento y ejecución de la obra.
Los proyectos deberán ahora comenzar su recorrido parlamentario en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su eventual aprobación. Allí se abrirá el debate político y técnico sobre el alcance de las obras, el esquema de financiamiento propuesto y el impacto que la nueva línea podría tener en la red de transporte de la Ciudad.
