La Legislatura porteña aprobó, en la última sesión ordinaria, la creación del servicio penitenciario porteño y la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece su marco normativo.
“Por primera vez, la Ciudad asume la competencia plena sobre la ejecución de las penas", afirmó durante el debate la diputada Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia, y destacó que la nueva ley "establece como objetivo central que la persona condenada comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre una adecuada reintegración social, garantizando al mismo tiempo la reparación a la víctima”.
La iniciativa incluye la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad.
Según la Ley, su personal se dividirá en dos cuerpos: el de Agentes de Seguridad Penitenciaria, integrado por la fuerza civil armada dedicada a tareas de seguridad, prevención, protección y custodia; y el de Agentes de Reintegración Social, compuesto por personal civil profesional, técnico y administrativo orientado al tratamiento progresivo, la educación, el trabajo, la salud mental, los vínculos familiares y el Plan de Vida de las personas privadas de libertad.
