La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación TEMAS y el Observatorio Villero de La Poderosa elaboraron el informe “Acceso seguro a la energía eléctrica en Villa 21-24 y Zavaleta”, un relevamiento sobre las condiciones de vida en Villa 21-24 y Zavaleta, que evidencia la grave situación de riesgo eléctrico en el barrio.
La Villa 21-24 y Zavaleta es el barrio popular más extenso y poblado de la Ciudad de Buenos Aires, con una estimación de 80.000 habitantes, de los cuales el 40% son niños, niñas y adolescentes. En este barrio, la electricidad no es sólo un recurso indispensable para la vida cotidiana, sino también una fuente permanente de riesgo.
De acuerdo al relevamiento el 93% de las viviendas están expuestas al riesgo eléctrico, por no contar con instalaciones intradomiciliarias seguras; mientras que el 68 % tiene filtraciones y el 75 % humedad, lo que aumenta el peligro de contacto del agua con las instalaciones eléctricas.
También, el 94% de las viviendas que calefaccionan lo hacen exclusivamente con electricidad, lo que muestra una dependencia crítica del sistema eléctrico, exacerbada por la inexistencia de red de gas natural; el 92 % sufrieron cortes de suministro durante el 2024, y el 36% refiere sufrir interrupciones al menos una vez por mes, producto de un servicio intermitente, inestable y sin garantías de seguridad; y el 28% de los hogares perdió electrodomésticos o herramientas de trabajo, y el 10% sufrió incendios producto de fallas en las conexiones eléctricas.
En noviembre de 2010, vecinos y vecinas del barrio junto a ACIJ y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad iniciaron una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para exigir un acceso adecuado y seguro a la electricidad en la Villa 21-24.
En 2013, la Justicia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al GCBA que elaborara un “Proyecto Eléctrico Adecuado” para garantizar el acceso seguro a la electricidad. Sin embargo, el gobierno incumplió sistemáticamente su obligación durante más de una década, sin que el Juzgado de ejecución tomara medidas adecuadas para impulsar efectivamente su ejecución.
Recién a comienzos de 2025, el GCBA presentó un proyecto pero que no detalla los cronogramas de obras ni prevé partidas presupuestarias para ejecutarlas, subordinado su cumplimiento a la disponibilidad de recursos futuros. Esto es especialmente grave dado que en el Proyecto de Presupuesto 2026 el GCBA propone reducir las partidas del Instituto de Vivienda de la Ciudad en un 14,5% (en pesos reales) - la más baja de los últimos catorce años.
Quince años después, el riesgo eléctrico sigue siendo una deuda que vulnera la vida y el hábitat de la comunidad de Villa 21-24 y Zavaleta. “Es urgente que el GCBA cumpla con su obligación, asigne partidas presupuestarias específicas y ejecute las obras necesarias. El Poder Judicial de la Ciudad no puede avalar más postergaciones”, señalaron los autores del informe.