La Defensora del Pueblo y titular del Comité Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, presidió el plenario que se realizó el martes 7 de octubre en la sede central del organismo.
El encuentro contó con la participación de las comisionadas Marcela Millán, Natacha Steinberg, Indiana Guereño y Victoria Montenegro, el comisionado Claudio Romero y el secretario ejecutivo Ezequiel Paulucci.
Durante la reunión se abordaron distintas líneas de trabajo vinculadas al seguimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Entre otros temas, se trató el informe sobre mujeres detenidas en comisarías y alcaidías, la creación del Servicio Penitenciario en la Ciudad y la agenda de visitas de monitoreo a centros de detención que se desarrollarán en los próximos meses.
En esta oportunidad, se aprobó la incorporación de Gisela Cardozo —integrante del Consejo Consultivo en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)— como Comisionada del Comité Local, completándose así la integración del cuerpo, conforme a lo establecido por la Ley 5.787 y su Decreto Reglamentario 298/20.
La normativa prevé que el Comité esté integrado por siete miembros, entre los que se incluyen dos representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y a la prevención de la tortura.
De acuerdo con lo dispuesto por el decreto reglamentario, esos representantes son seleccionados por unanimidad por los demás integrantes del Comité una vez constituido el Consejo Local.
De esta manera, tras la designación en 2024 de Indiana Guereño por la Asociación Pensamiento Penal (APP), la incorporación de Gisela Cardozo completa la integración del Comité Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires.
La APDH, organización que Cardozo representa, fue fundada en 1975 y tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Entre sus principales tareas se destacan la promoción del esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y el acompañamiento y asesoramiento a sus víctimas.
