El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone una amplia reorganización de las estructuras del Poder Ejecutivo. La iniciativa busca —según los fundamentos del mensaje enviado— “optimizar el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad” mediante una redistribución de competencias y funciones entre ministerios, secretarías y dependencias.
El expediente elevado al Parlamento, identificado como MEN-2025-25-GCABA-AJG, justifica la medida en la necesidad de “readecuar las responsabilidades, competencias y funciones de las distintas áreas de gobierno”.
Sin embargo, detrás de la reestructuración formal, distintos sectores de la Legislatura interpretan que la propuesta consolida una nueva etapa de gestión, con un fuerte foco en la comunicación institucional y en el control centralizado de áreas sensibles, como desarrollo social, planeamiento urbano y relaciones sindicales.
Uno de los cambios más significativos del proyecto es la transferencia de las políticas de la tercera edad —hasta ahora bajo la órbita de la Vicejefatura de Gobierno— al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que también absorberá las políticas de niñez.
Con esta decisión, la Vicejefatura pierde peso político y funcional, al tiempo que se elimina su competencia en materia de derechos humanos. De esta forma, la cartera que conduce Desarrollo Humano pasa a concentrar una porción relevante de las políticas sociales del distrito, articulando con la Vicejefatura sólo en tareas de coordinación.
En paralelo, la Jefatura de Gabinete de Ministros sufrirá modificaciones estructurales: se propone eliminar la figura de la Vicejefatura de Gabinete y suprimir las competencias en planeamiento urbano y gobierno abierto. En la práctica, estos cambios reducen la dispersión de funciones y reubican atribuciones que ahora quedarán bajo control directo del jefe de Gobierno o redistribuidas entre ministerios estratégicos.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas también verá acotado su alcance, ya que se suprime el objetivo relativo a estadísticas y censos, transferido al nuevo Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA), creado por la Ley 6.724. Esta decisión formaliza una división ya implementada de hecho durante 2024, cuando el IDECBA comenzó a operar de manera autónoma.
Otra modificación relevante se produce en el Ministerio de Justicia, que sumará nuevas competencias vinculadas a los asuntos sindicales, en coordinación con la Jefatura de Gabinete. Este movimiento genera atención dentro del ámbito gremial, ya que implica una mayor intervención del Ejecutivo porteño en la regulación y mediación de conflictos laborales dentro del sector público de la Ciudad.
Además, el Ministerio incorporará funciones relacionadas con las acciones sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo, en un intento de reforzar su rol en temas ambientales, aunque dejará de intervenir en cuestiones de concesiones.
Desde el oficialismo interpretan que este rediseño busca “clarificar atribuciones y evitar superposiciones”. Pero en la oposición advierten que la medida responde más a una necesidad política: recomponer el mando del gabinete y reforzar el control sobre áreas que ganaron autonomía durante los primeros meses de gestión.
La reorganización también alcanza al Ministerio de Infraestructura, que cambiará su denominación por Ministerio de Movilidad e Infraestructura, con el objetivo declarado de jerarquizar las políticas en transporte y obras públicas.
Según el texto, la nueva cartera tendrá a su cargo la ejecución de los planes de planeamiento urbano “en coordinación con la Jefatura de Gabinete”, lo que supone que toda la estrategia de desarrollo urbano —uno de los principales frentes de gestión de la Ciudad— quedará bajo un esquema de coordinación política más centralizado.
Asimismo, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura sumará competencias para la elaboración de normas urbanísticas y para la instrumentación de proyectos de desarrollo urbano mediante la “concertación del interés público y privado”.
La formulación no pasa inadvertida: desde algunos bloques opositores advierten que abre la puerta a una mayor flexibilidad en la planificación urbana, especialmente en lo relativo a la participación del sector privado en iniciativas de transformación del espacio público.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la creación de la Secretaría de Medios, que absorberá parte de las funciones de la actual Secretaría de Comunicación. Esta nueva área será la encargada de planificar y ejecutar la difusión de los actos de gobierno, así como de coordinar la relación del Ejecutivo con la prensa, los medios y las plataformas digitales.
En los hechos, la medida concentra en una sola estructura todo el esquema de comunicación institucional, unificándolo bajo la órbita directa de la Jefatura de Gobierno.
Fuentes del oficialismo sostienen que la creación de esta secretaría busca “modernizar la estrategia de comunicación y adaptarla al ecosistema digital”, pero en el ámbito político se interpreta también como un movimiento de control discursivo en un contexto de gestión marcado por la necesidad de mostrar resultados y sostener imagen pública.
En paralelo, la Secretaría Legal y Técnica incorporará competencias en gobierno abierto, mientras que la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano sumará la administración de espacios verdes y arbolado público, dos temas de alta visibilidad ciudadana.
