El Gobierno porteño estableció un nuevo procedimiento para que los vecinos puedan realizar audiencias de manera remota en el marco del Régimen de Faltas de Tránsito. El sistema permitirá solicitar turnos online, presentar descargos digitales y garantizar la seguridad de la información.
De acuerdo con la normativa, las audiencias se realizarán principalmente de manera virtual, a través de un enlace único y personal que el sistema oficial del GCBA enviará al correo electrónico declarado por el presunto infractor.
El turno deberá solicitarse previamente en la plataforma habilitada y, en caso de no poder asistir, la persona podrá cancelarlo con al menos 24 horas de anticipación. Si no se concreta la baja y el vecino no se presenta a la audiencia, el expediente quedará en condiciones de resolverse en ausencia, con la correspondiente notificación del resultado y del comprobante de pago.
Las audiencias tendrán una duración máxima de 20 minutos y serán encabezadas por un Controlador Administrativo de Faltas. En cada caso, el funcionario deberá verificar la identidad de la persona mediante la exhibición del DNI u otro documento válido.
Durante la videollamada, los vecinos podrán presentar sus descargos, ofrecer pruebas, compartir documentación digital y realizar todas las manifestaciones que consideren necesarias para ejercer su derecho de defensa.
El procedimiento también establece que, una vez concluida la audiencia, se labrará un acta que quedará incorporada al expediente electrónico, junto con la resolución que eventualmente dicte el Controlador. El sistema se integrará con el Sistema de Administración de Infracciones (SAI), además de articular con otros canales de atención como BOTI —el chat de la Ciudad— y Soflex, el sistema de videollamadas ya utilizado en otras áreas. Esto permitirá garantizar la trazabilidad y el registro íntegro de todas las actuaciones.
En materia de seguridad, la resolución contempla la protección de los datos personales y del derecho a la imagen de los intervinientes. Las audiencias quedarán grabadas y resguardadas en el Legajo Digital como único respaldo oficial, prohibiéndose expresamente su difusión, total o parcial, tanto por parte de los funcionarios como de los ciudadanos. De esta manera, se busca garantizar la confidencialidad, la integridad de la comunicación y la validez legal del procedimiento.
La normativa establece, además, que para los aspectos no previstos expresamente se aplicarán de manera supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (DNU 1.510/97) y las leyes de tránsito vigentes, consolidando así un marco regulatorio uniforme para este tipo de trámites.
