El Tribunal Electoral porteño ordenó a la alianza Unión Porteña Libertaria, que lleva a Yamil Santoro en la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad, a reemplazar el logo y las siglas con las que pretendía participar en los comicios del 18 de mayo.
La decisión -firmada por los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici- hizo lugar al planteo efectuado por Mauro Riano –en su carácter de apoderado del partido Partido Justicialista– que buscaba impugnar el nombre, el logo y las siglas de la alianza electoral conformada por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Libertario.
Tras conocerse el fallo, el legislador Santoro -que finaliza su mandato en diciembre e iría por la renovación- comunicó que no encabezará la nómina de postulantes de la alianza, sino que ocupará el tercer lugar de la lista.
Según argumentó Riano, el 19 de marzo pasado, fecha en que venció el plazo de la presentación de las alianzas electorales que competirán por los 30 escaños en la Legislatura porteña, se presentó Unión Porteña Libertaria, sello que “guarda similitud” con los cuales se presentó el PJ en anteriores comicios bajo la denominación “Unidad Porteña” y “Unión por la Patria.
En ese marco, expresó su oposición “específicamente al uso de la sigla UP por parte de la otra alianza y aduce que la omisión de la letra L de ´Libertaria´ y la coincidencia de las siglas refuerzan la confusión que se pretende generar”.
Sostuvo que el logotipo presentado por su contrincante también configura “un intento claro y evidente de confundir al electorado pues es prácticamente idéntico al de la alianza Unión por la Patria. Postuló que tal similitud “no resulta casual sino que es producto de la intención de generar una falsa asociación con alianzas anteriores, en detrimento de la transparencia en el proceso electoral”.
Y destacó que “puede existir un interés por parte del espacio” en pugna “en aprovechar la coincidencia entre el apellido del candidato contendiente, Yamil Santoro, y el del candidato Leandro Santoro, participante de la elección por la Jefatura de Gobierno celebrada en 2023”.
Indicó que a partir de ello “se busca generar una confusión deliberada entre ambos para captar votos que, de otro modo, podrían corresponder a aquel que manifestó públicamente su intención de ser postulante por la alianza ´Es Ahora Buenos Aires´”.
Tras la impugnación, la alianza objetada que integra Yamil Santoro hizo su descargo a través del cual de formularon las negativas de rigor con relación a “los hechos y agravios” invocados y refirieron que “mediante la oposición planteada se pretende restringir ilegítimamente el derecho de la alianza que conforman a utilizar su nombre, logotipo y siglas en el proceso electoral del año 2025”.
Evaluaron que la impugnación del logotipo “carece de fundamentos jurídicos sólidos en tanto afirman que existe una diferencia notoria entre las identidades visuales y no se observa una coexistencia temporal y territorial efectiva entre los signos controvertidos”.
En cuanto a la denominación elegida, plantearon que “Unión Porteña Libertaria no puede ser confundida o considerada una derivación directa de Unidad Porteña o Unión por la Patria dado que tales denominaciones han tenido vigencia en contextos electorales pretéritos y no configuran agrupaciones políticas con existencia activa”.
Y en respecto de las siglas UP aclararon que “la falta de incorporación de una referencia explícita al componente Libertaria constituye una práctica habitual en el diseño políticoelectoral, donde la síntesis visual resulta esencial para la eficacia comunicativa”. Entendieron que la “condensación gráfica en ningún caso desvirtúa la identidad integral de la alianza, que se manifiesta en su denominación completa en todos los instrumentos formales y actos jurídicos relevantes del proceso electoral”.
En el fallo del Tribunal Electoral, los jueces admitieron parcialmente la impugnación formulada por el Partido Justicialista y, en consecuencia, denegaron a la Unión Porteña Libertaria la utilización de la sigla “UP” así como rechazaron la utilización del símbolo.
“Los logos en cuestión ostentan una patente y evidente similitud que podrían dar lugar a no distinguir, con la sencillez e inmediatez que se requiere al momento de emisión del sufragio, de modo simple y rápido, las pequeñas e intrascendentes diferencias que presentan”, advirtieron los magistrados.
En ese marco, otorgaron un plazo de 24 horas a la Unión Porteña Libertaria “a fin de que presente ante el Tribunal un nuevo logotipo y sigla”, al tiempo que habilitaron el uso de la denominación de la alianza.
