El Gobierno porteño envió al Parlamento el proyecto para declarar por dos años la “emergencia autonómica” de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo había adelantado Jorge Macri a inicios de mes, con el propósito de “lograr la consolidación de la autonomía” del distrito.
La iniciativa insta “a los Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras de la Nación, en especial a quienes representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, con el propósito de consolidar la plena y total autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a ratificar los convenios de transferencia de competencias pendientes y a aprobar todos los proyectos de ley que se propicien en la materia”.
Además, exhorta “al Estado Nacional a suscribir los convenios necesarios para concretar todas las transferencias pendientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Y encomienda a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “iniciar las acciones judiciales que resulten necesarias para la declaración de inconstitucionalidad de las normas que limitan la autonomía jurisdiccional de la Ciudad y la solicitud judicial de la efectiva transferencia de la justicia nacional ordinaria con sede en esta Ciudad con la pertinente transferencia de los recursos”.
También a “realizar todas las acciones conducentes en el marco de su competencia, a efectos de consolidar la autonomía de la Ciudad”.
En los argumentos, el alcalde porteño consideró que “resulta indudable que los mecanismos previstos para consolidar la autonomía no han permitido dar cumplimiento al mandato constitucional de forma plena. En efecto, pese a los reiterados esfuerzos del Gobierno de la Ciudad, se ha evidenciado una inacción por parte del Estado Nacional, a través de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, para acordar la transferencia de las competencias con la correspondiente transferencia de los recursos presupuestarios”.
“De este modo, en más de tres décadas, la transferencia se ha visto limitada solo al traspaso de algunas competencias. Los convenios interjurisdiccionales firmados en los años 2000 y 2004, y más recientemente en 2017, han sido pasos importantes, pero insuficientes para lograr una transferencia completa y efectiva de competencias judiciales”, agrega.
En este contexto, considera que el proyecto de ley que se propicia “reafirma los principios y garantías reconocidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y reivindica lo dispuesto en su artículo 6°, por cuanto es nuestra obligación cumplir con el mandato expreso, permanente e irrenunciable de preservar la autonomía y cuestionar cualquier norma que limite la previsión establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”.
“Así, este proyecto se constituye en un pilar fundamental para comenzar a poner fin a la situación de desigualdad a la que se encuentran sometidos los ciudadanos porteños, y propone declarar la emergencia autonómica de la Ciudad de Buenos Aires, poniendo en marcha mecanismos de protección y defensa de nuestra autonomía que permitan superar la situación de emergencia”, indica.
Y concluye: “La aprobación de este proyecto de ley no solo es un acto de justicia hacia los ciudadanos porteños, sino también un paso fundamental hacia la consolidación de nuestra autonomía plena, tal como lo establece nuestra Constitución”.
