En el marco de una investigación de la Fiscalía PCyF 4, a cargo de Mauro Tereszko, se realizaron allanamientos en distintos comercios de Balvanera y Belgrano y se secuestraron miles de juguetes con materiales tóxicos para la salud.
El caso se inició a partir de la denuncia de la apoderada de la marca Funko Pop, Universal City Studios LLC" (Minions, Jurassic World y Trolls) y Lego, por falsificación de marca.
En ese contexto, la fiscalía delegó las tareas de campo a la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, que logró constatar la denuncia e identificar 5 comercios que vendían mercadería apócrifa que no cumplía con las exigencias legales de control y carecían del certificado de Seguridad y Toxicidad. Tampoco cumplían con los requerimientos del rotulado y etiquetado previstos en las normas de seguridad, ni contaban con un proceso de certificación que validara sus componentes químicos, físicos y mecánicos.
En este sentido, la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud de La Nación restringe el uso de Ftalatos como plastificantes de los materiales flexibles que componen los juguetes y los artículos de puericultura, estableciendo la restricción de la presencia de Ftalatos por considerarlos dañinos para la salud.
Uno de los locales inspeccionados fue en Juramento al 1600, donde se incautaron 555 cajas de juguetes , algunos presentados como muñecos Funko Pop y también Lego, que carecían de los certificados de seguridad por valor de mercado de 23 millones de pesos .
Además, se inspeccionaron otros dos locales sobre la calle Azcuénaga en los cuales se incautaron 242 juguetes y 648 cajas de juguetes con las inscripciones de Funko, Funko Pop, Lego, peluches Among Us y también llaveros con los logos de Nike y Miñons.
Por último, sobre la calle Perón al 2500 se decomisaron 1537 juguetes apócrifos Funko Pop y Lego, con valor por unidad de entre 2.000 y 4.000 pesos.
Asimismo, se pudo constatar que la mercadería carecía de la estampilla de la AFIP con los datos del fabricante y el importador, garantía legal mínima de seis (06) meses, constituyendo una infracción a la Resolución 163/2005 de Defensa del Consumidor . Hasta el momento hay 5 personas imputadas por el delito de comercialización de mercadería peligrosa para la salud.
