Los mandatos de los cinco defensores adjuntos del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires finalizaron este martes, por lo cual se presentó en la Legislatura una resolución para prorrogar la vigencia de su gestión hasta tanto avance el proceso parlamentario para designar a los reemplazantes.
De acuerdo con la iniciativa de la legisladora radical Manuela Thourte, cesaron los nombramientos de Bárbara Bonelli, Silke Mayra Arndt, Paula Andrea Streger, Carlos Antonio Palmiotti y Arturo Gonzalo Pozzali, quienes asumieron en marzo del 2019.
Por ello, considera que el Parlamento debe aprobar, en primera instancia, la extensión del mandato hasta tanto la misma Legislatura inicie el nuevo proceso para postular y designar a los próximos defensores adjuntos.
En rigor, los defensores ocupan su cargo por cinco años y tienen la posibilidad de ser reelegidos por única vez. A diferencia de la actual defensora general María Rosa Muiños, que fue nombrada a fines del 2021, los adjuntos finalizaron su gestión el 5 de marzo.
La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional cuya misión primordial es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución de todas y todos los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese marco, los adjuntos cumplen un rol fundamental para el funcionamiento institucional toda vez que asisten al Defensor/a titular, le sustituyen provisoriamente y tiene atribuciones y ámbitos temáticos de incumbencias.
“Resulta sustancial que se prolongue los mandatos de los actuales Defensores del Pueblo Adjuntos hasta que ello ocurra. Una solución contraria acarrearía exponer a una situación de desprotección de la población que exige del servicio que el Defensor del Pueblo presta y para dar continuidad a las propias tareas administrativas”, señaló Thourte.
