En el marco de un amparo colectivo iniciado por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2019, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada.
"En Argentina, las personas con discapacidad enfrentan significativas barreras para ejercer su derecho a la educación. Muchas de ellas deben recorrer decenas de escuelas hasta encontrar una que les abra las puertas y, si no lo logran, son expulsadas del sistema o forzadas a asistir a centros especiales", dijo ACIJ en un comunicado.
Y agregó que "a fin de transformar esta realidad", en 2019 presentó, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA, una demanda judicial contra el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí, solicitó "que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada localizadas en dicha jurisdicción"
ACIJ denunció que estas instituciones negaban sistemáticamente el ingreso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y que el gobierno omitía controlarlas y sancionarlas.
La asociación argumentó que esas conductas vulneraban el derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014.
Luego de ordenar a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, algunas medidas provisorias para poner fin a esta situación y de imponerle multas por sus reiterados incumplimientos, el pasado 23 de junio, el Juzgado 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia Lopez Vergara, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo.
En su decisión, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días.
