La legisladora porteña y presidenta de la Comisión
de Promoción Social e integrante de Educación, Laura Velasco, presentó un
proyecto para que el Gobierno porteño explique por qué recortó las propuestas
educativas -carga horaria, transporte escolar y servicio de comedor- destinadas
a estudiantes con discapacidad mayores de 22 años.
“Esto vulnera
el acceso a la educación de cientos de estudiantes con discapacidad, porque
impide el acceso a una formación permanente y, consecuentemente, dificulta el
ingreso al mundo laboral, lo que genera mayor exclusión, discriminación y falta
de espacios para la inclusión y la promoción de los derechos de las personas
con discapacidad. Seguimos insistiendo en que la educación pública en la Ciudad
debe ser para todos y todas”, aseguró Velasco.
La diputada hace pocos días se reunió con las
familias para articular y acompañar su reclamo, y le planteó personalmente el
tema a la ministra Soledad Acuña, durante la última reunión de la comisión de
Educación.
Según indicó,
“la decisión de la cartera educativa porteña afecta a unos 600 estudiantes que
asisten a 13 escuelas especiales para niñxs, jóvenes y adultxs con discapacidad
intelectual, donde se ofrece formación laboral e integral”.
Actualmente,
en lugar de cursar de lunes a viernes en jornada completa, el nuevo esquema
comprende una cursada de tres horas en tres días de la semana, lo que produjo
una inmediata deserción de muchos jóvenes y adultxs, al afectar la rutina
diaria de las familias.
A lo que se suma un fuerte ajuste en el servicio de
comedor desde el 2015 que ahora, al cursar sólo 3 horas diarias, se profundiza:
Lxs estudiantes reciben apenas una colación.
“Ya en 2021 les habían quitado el transporte
escolar, lo que obligó a muchxs jóvenes y adultxs a abandonar sus estudios por
no contar con otros medios para concurrir a la escuela. Además, hasta el año
pasado podían recibir formación hasta los 30 años; en 2022, lo limitaron a los
22”, agregó.
Según el último estudio realizado por la Dirección
General de Estadística y Censos y COPIDIS, 4 de cada 10 personas con
discapacidad manifiestan que existen barreras en su inclusión educativa.
La falta de apoyos para la asistencia y el
aprendizaje es la más importante (86,9% de las respuestas), le siguen las
actitudes discriminatorias (51,3%) y falta de accesibilidad arquitectónica y
comunicacional (28,9%). El relevamiento también indica que el 83,6% de las
personas requiere personal especializado -Acompañante Personal No Docente o
Maestro Integrador-.
El pedido de informes presentado por Velasco también
indaga acerca del presupuesto destinado a las Escuelas para Niños, Niñas,
Jóvenes y Adultos con Discapacidad Mental y Formación Integral para los años
2021 y 2022.
Además, pregunta sobre las propuestas educativas que existen actualmente para estudiantes
mayores a 22 años con discapacidad; si hay un plan para crear nuevos espacios
educativos y qué acciones orientadas a una salida laboral de estudiantes
jóvenes y adultos con discapacidad se estuvieron/están realizando.
