La justicia condenó al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y a la empresa Arcos del Gourmet SA para que en 60 días
destinen más de 20 mil metros cuadrados de lo que se conoce como Distrito
Arcos, al uso y utilidad pública con acceso irrestricto.
Según
precisó Ijudicial, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario resolvió por mayoría condenar al GCBA y a AGSA a
dar cumplimiento a la finalidad establecida en el artículo 3.1.2* del Código de
Planeamiento Urbano durante la vigencia del contrato de concesión en el
denominado Distrito Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
La
medida se da en el marco de la causa “Federación de Comercio e Industria de la
Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y otros contra GCBA y otros sobre Amparo”.
A
su vez, ordenó que “se deberá acreditar en la causa el efectivo traspaso de la
superficie en juego (como mínimo, según la normativa aplicable, 23.319,41
metros cuadrados) en el plazo general de sesenta (60) días, vencido el cual
quedará habilitada la ejecución forzada del presente pronunciamiento”. El
complejo se encuentra bajo concesión de la empresa Arcos Gourmet S.A.
En
su voto, los camaristas Hugo Zuleta y Mariana Díaz expresaron que “según los
avances edilicios del emprendimiento, el espacio descubierto disponible
(11.664,11 metros cuadrados) resulta insuficiente a fin de satisfacer la
porción mínima de terreno que, según lo estipulado en el artículo 3.1.2 del
CPU, deberá destinarse al GCBA (al menos, 23.319,41 metros cuadrados)”.
“Tanto
el CPU como la propia ley 4477 han establecido un especial régimen de
protección para los bienes del Estado Nacional sujetos a privatización,
desafectados del dominio público o del servicio público. El 65% de tales bienes
deben ser destinados al uso y utilidad pública, preferentemente para la
generación de nuevos espacios verdes parquizados”, explicó.
“Las
preocupaciones medioambientales han sido la base de la legislación sobre usos
de los bienes desafectados o transferidos, lo que impone, además de sus deberes
legales, una ética de la responsabilidad a los gobernantes, quienes no pueden
con su voluntad violar todo este régimen protectorio. Se trata de una ética
orientada al futuro que exige apego a las normas, calma, prudencia y
equilibrio”, concluyó.-