En el año 2009 se sancionó la Ley 3.343 que dispone la urbanización del Barrio 31. Esto implica dos derechos fundamentales para todos los vecinos: el arraigo y la solución habitacional. Es decir, tener una vivienda definitiva dentro del barrio. En el artículo 5 de la ley, se ordena la creación de una Mesa Participativa para que redacte un Dictamen que reglamente cómo deben garantizarse esos derechos.
Esa Mesa se reunió durante el 2010 y el 2011 y elaboró un Dictamen que sin embargo no consiguió fuerza de ley. Retomando el trabajo de la Mesa, y convencidos de que la integración del barrio con la Ciudad solo es posible con la reglamentación de la ley, la Ciudad y el Barrio comenzaron el camino de redacción del Dictamen definitivo.
Durante el 2017 se realizaron 40 encuentros y asambleas en todos los sectores del barrio y se entregaron 900 temarios del Dictamen para que todos pudieran participar del proceso. Esas reuniones fueron con actores variados para garantizar la pluralidad de voces: vecinos, delegados, consejeros, cooperativas, organizaciones sociales. Fue un camino escalonado, donde se comenzó con los primeros encuentros para retomar este proceso y difundir su importancia, hasta asambleas donde se documentaron propuestas concretas trabajadas según tres ejes temáticos.
También hubo 26 instancias en todos los sectores del barrio convocadas por consejeros, delegados y vecinos, a través de las cuales se difundió el borrador del proyecto de ley. Y, a su vez, hubo 11 reuniones en el marco de la Mesa Ampliada convocando al sistema político del barrio, vecinos, y referentes de las mesas por la urbanización.
Todos los vecinos podrán tener una vivienda definitiva en el barrio: ya sea haciendo un mejoramiento en la vivienda o a través de una vivienda nueva. Todas las relocalizaciones se harán velando por la solución habitacional definitiva, garantizando una vivienda acorde a la composición familiar.